El empresario ganadero Waldo Rujano Mora ha presentado una denuncia ante el Circuito Judicial Penal de San Cristóbal, en el estado Táchira, señalando a un grupo de presuntos periodistas por un intento de extorsión. De acuerdo con la querella, los implicados le habrían exigido una elevada suma de dinero en dólares para evitar la difusión de reportajes que lo vincularían, sin pruebas, con actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.
Según la denuncia consignada ante las autoridades judiciales, Waldo Rujano Mora decidió no ceder a las presiones económicas de este grupo, lo que habría desencadenado la publicación de varios artículos en medios digitales. Estos reportajes, según el documento legal, estarían basados en información falsa y con el propósito de dañar su reputación y la de su familia.
El empresario solicitó que se procese penalmente a Gustavo Lainette y a otros presuntos miembros de esta red, los cuales, asegura, siguen impulsando una campaña de descrédito a través de portales de noticias ya identificados.
Publicaciones con contenido falso
Entre agosto y diciembre de 2024, se publicaron al menos siete artículos en distintas plataformas digitales en los que se vertieron acusaciones contra Waldo Rujano Mora, su esposa Gisela Coromoto Garófalo de Rujano y sus hijos Vicente y Andrea Paola. “Con contenido absolutamente falso y exponencial al odio público contra mi persona”, señala el empresario en la denuncia. Además, asegura que dichas publicaciones fueron acompañadas de imágenes manipuladas, según análisis técnicos a las mismas.
Un esquema de extorsión a gran escala
Uno de los portales involucrados en la difusión de estos reportajes sería “elpublique.me”, administrado presuntamente por Jorge Elías Castro Fernández. Este ciudadano venezolano fue arrestado en España en 2023 bajo cargos de estafa y, en su momento, fue señalado por medios de comunicación como “el extorsionador más grande de Venezuela”.
Castro Fernández habría operado una red de al menos 15 sitios web dedicados a la difusión de información falsa contra empresarios, con el fin de presionarlos para que pagaran grandes sumas de dinero a cambio de eliminar los artículos.
El historial judicial de Castro Fernández incluye una orden de aprehensión dictada en 2008 por el Tribunal Tercero de Control de Caracas, luego de que divulgara imágenes del cuerpo sin vida del periodista Javier García, asesinado con arma blanca. Además, se le vincula con la venta de su credencial cuando era funcionario de la extinta Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) al narcotraficante colombiano Wilber Alirio Varela, alias “Jabón”.
En la actualidad, según la denuncia de Waldo Rujano, Castro Fernández estaría operando en conjunto con Gustavo Lainette y otros presuntos periodistas de Táchira para ejecutar una campaña de presión mediática en su contra.
Enlace con movimientos políticos
Gustavo Lainette también ha sido vinculado con iniciativas políticas en Venezuela. Según declaraciones del ministro Diosdado Cabello, Lainette formó parte del equipo de “Ya Casi Venezuela”, un movimiento de extrema derecha que buscaba recaudar fondos para financiar “una intervención militar privada” con el objetivo de derrocar al presidente Nicolás Maduro. Lainette, por su parte, ha reconocido públicamente su participación en este proyecto.
La querella presentada por Waldo Rujano, también hace referencia a la forma en que algunos portales informativos en el estado Táchira han reproducido las publicaciones en su contra, añadiendo frases como “esta historia continuará”, lo que, según el denunciante, evidencia la intención de prolongar la extorsión.
Pruebas de la extorsión
El ganadero ha asegurado contar con audios en los que Lainette le exige una cantidad específica en dólares para detener la publicación de estos reportajes. En las grabaciones, se menciona también el nombre de otro periodista tachirense, quien supuestamente recibiría la mitad del dinero obtenido por la extorsión.
Ante estos hechos, Waldo Rujano Mora solicita a la justicia que los presuntos responsables sean procesados por delitos como extorsión, incitación al odio, divulgación indebida de datos personales y asociación para delinquir.
