Luigi Pisella, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), ha expresado su inquietud respecto a la incesante dureza de las sanciones internacionales y su efecto en la economía nacional. Pisella indicó que «no está planteada ni se ha escuchado nada sobre la flexibilización de las sanciones por lo que resta del año. Las condiciones siguen estando iguales».
El líder del sector industrial resaltó que estas medidas han tenido un impacto significativo en Venezuela, afectando directamente a la población. «Nos ha hecho muchísimo daño, pero muchísimo daño al país. Y los que sufren las consecuencias de esas sanciones, somos los ciudadanos», subrayó.
Pisella también destacó los desafíos que enfrentan las industrias para mantener operativos los servicios esenciales en medio de las restricciones impuestas. «Si bien tú quieres reparar un transformador o una fuente generadora, no se lo venden al gobierno, pero las condiciones las pagamos nosotros», precisó.
Asimismo, el presidente de Conindustria se refirió a las implicaciones geopolíticas de las sanciones, especialmente a la luz del conflicto actual entre Rusia y Ucrania. «Después del acontecimiento entre Rusia y Ucrania, se volvió la mirada a Venezuela como productor de petróleo para este hemisferio. Mantener estas asociaciones con las empresas productoras de petróleo nos favorece a nosotros, pero también favorece al mundo en la estabilidad de los precios del petróleo y en la estabilidad de surtir una fuente segura de energía», señaló Pisella.
En cuanto al gas, el presidente de Conindustria afirmó que no ha habido discusión alguna sobre la flexibilización de las sanciones vinculadas a este recurso. «Ese gas que se va a producir y transformar en Trinidad y Tobago tiene como destino final Europa, lo que trae cuestiones positivas», agregó.
«Nos ha hecho muchísimo daño, pero muchísimo daño al país. Y los que sufren las consecuencias de esas sanciones, somos los ciudadanos»
Luigi Pisella
Finalmente, Pisella enfatizó la necesidad de separar la política de la economía para mitigar los efectos adversos en el país. «Queremos de verdad separar la parte política de la económica. Sabemos que influye, pero queremos que sea lo menos posible».